Esto es lo que publica el periódico Expansión del martes 27 de este mes, al sistematizar los resultados de una encuesta que se ha practicado al colectivo de jueces del país. La mayoría, un 77%, manifiestan que están descontentos por la forma en que se desarrolla su trabajo y que practicamente, no tienen tiempo de estudiar y profundizar en los asuntos encomendados, como sería deseable. Por supuesto también manifiestan que cobran poco, aunque éste no parece ser un factor tan determinante en el conjunto de inquietudes de los jueces.
Lo de la falta de tiempo, aunque parezca trivial o escasamente significativo, es de una trascendencia grande en la administración de justicia. Si no se tiene mucho tiempo en estudiar un asunto, esto significa que el conocimiento del problema planteado va a ser parcial y que dificilmente podrá dictarse una resolución justa y razonada, simplemente porque el asunto no se ha analizado suficientemente. En la práctica ello quiere decir que pueda condenarse a un inocente o que se resuelva a favor de un demandante en un pleito civil, que no lo merece en absoluto. La resultante de esta situación es la pérdida de la seguridad juridica, de la aplicación correcta y adecuada de las leyes y por supuesto de la credibilidad de la justicia. En los juzgados se llega a decir,”que te puede suceder cualquier cosa si no estás al tanto.”
En la práctica diaria, todo lo que estoy diciendo se corresponde con la cruda realidad. No existe en muchísimos casos relación alguna entre el trabajo concienzudo y razonado del letrado al argumentar su defensa y la contestación del juez, que en muchas ocasiones se reduce a pocas frases o párrafos en los que simplemente se afirma que “no procede”, dejando el asunto para un tribunal superior. Resulta evidente que la manera de revisar muchos asuntos diariamente, se puede simplificar con frases contundentes afirmativas o negativas, y desprovistas las más de las veces, de un claro sentido. El profundizar en el problema, el leerse con atención los folios de un expediente requiere de la concentración, la tranquilidad y del tiempo que los mismos jueces dicen que no se tiene.
Las leyes procesales establecen que el juez tiene que contestar todos los puntos que se le exponen o que se le preguntan. Esto es lo que forma parte de la llamada por el art.24 de la Constitución, “tutela judicial efectiva”. Y aquellas leyes fijan el que las resoluciones judiciales serán nulas, si se hallan “faltas de motivación”; o sea si el juez no explica y razona el porque de su actitud al aceptar o rechazar la petición de una parte.Simplemente porque ello genera indefensión. Este principio que resulta absolutamente fundamental para que una justicia avance, se lesiona, se incumple de forma sistemática por muchísimos jueces. La persona que acude al Juzgado y realiza una petición, recibe una contestación carente del necesario razonamiento. Se nota que la contestación se ha hecho deprisa, sin la necesaria digestión que permita minimizar el riesgo del error o la equivocación.
No, no tienen la culpa o la responsabilidad únicamente los jueces, que en definitiva son funcionarios que hacen su trabajo. Unos mejor que otros. La responsabilidad recae básicamente en el mundo político que ha dejado que la justicia fuera la hermanita de los pobres de los presupuestos. Y la justicia constituye un pilar fundamental de un Estado democrático. Si la justicia funciona de una manera deficiente, si no se la sitúa en el lugar que le corresponde, si no se consigue una justicia fuerte e independiente, la democracia va a sufrir las consecuencias. Va a ser una democracia débil y vulnerable, en la que nadie o muy pocos van a respetar las leyes y el derecho.
Esto es lo que hay.