Realidades

No sé porque extraña circunstancia, viendo las manifestaciones del otro día de los agricultores extremeños y andaluces, me han venido a la memoria las tremendas imágenes del exterminio de los kulaks al final de los años treinta, en plena época del «terror» de Stalin. Luego que Lenin llegara a la conclusión que la dictadura del proletariado tenía que esperar, que sus resultados no podían materializarse en los primeros años de la revolución y permitiera una cierta libertad de comercio, a su muerte, Stalin volvió a la línea dura del bolchevismo. El hambre se apoderó de millones de ciudadanos rusos y el gobierno la emprendió contra los pequeños agricultores,- los kulak- forzando la colectivización de las tierras. El desastre fue inmenso y millones murieron de inanición. Hasta Churchill en Yalta, al final de la guerra, le reprochó a Stalin el que hubiera aniquilado a toda esta población, un verdadero genocidio. Stalin justificó las drásticas medidas, alegando la absoluta necesidad de reformar el sistema de abastecimiento, heredado en parte de la Rusia de los zares.

Los «kulak» extremeños y andaluces se quejan amargamente que los costes de producción son tan altos que pierden dinero en las cosechas. La competencia de otros países como Marruecos, invade el mercado con precios de derribo. A ello han de añadirse las crecientes dificultades en la exportación de los productos del campo, como el olivo, cuando Gran Bretaña y los Estados Unidos van a endurecer su entrada en fechas no muy lejanas. Tampoco la Unión Europea facilita las cosas y exige certificaciones y formalidades, que hacen más onerosa la carga que han de soportar los agricultores.

Y ahora a todo ello se añade, el incremento del salario mínimo decretado por el Gobierno, -un primer regalo-, tras haber tomado posesión. Ya hablé de ello hace pocos días. No se trata,- y más en el ámbito agrícola-, de que se quiera o no aceptar el incremento. Lo determinante es que la estructura de costes lo permita, sin que el agricultor pierda dinero en su explotación. Porque si estas pérdidas se repiten, finalmente abandonará el campo. Ya se han oído voces de alarma estos días de los propios afectados. No se puede empujar, ni obligar a pagar unos costes de personal mínimos, cuando el precio que se percibe por el producto, no llega a cubrir los gastos que se generan. Porque el resultado es mucho peor. Desaparece el jornalero y desaparece el agricultor que le ha contratado. 

Y la guinda del pastel la ha puesto el secretario de la UGT, clamando que quienes se quejan son patronos, empresarios, terratenientes. O sea, explotadores. Imagino que debe estarse arrepintiendo de sus palabras, porque no ha hecho ningún bien al sindicato. Existen miles de pequeñas explotaciones agrícolas y de terratenientes hay, pero no tantos. Además están en Madrid, no en las manifestaciones. 

Vamos a ver como el Gobierno manejará esta crisis, que no se resuelve con buenos propósitos. El problema es muy serio y hasta ahora el ejecutivo ha dado muestras de una extraordinaria falta de realismo.

Estaremos expectantes.

Todos, unos y otros tensan la cuerda. Nadie quiere perder la iniciativa. Dar su brazo a torcer. Ayer el «president» Torra dijo que la legislatura en Catalunya estaba ya agotada y que solo había tiempo para aprobar los presupuestos. Deprisa y corriendo, después de haber estado, creo que tres años, con la prórroga de los mismos.  Y luego, ha añadido, -una vez cumplimentada esta formalidad y con los presupuestos ya con el visto bueno del Parlamento,- convocará elecciones. Así, se ha guardado unas cuantas cartas, que va a mostrar cuando le parezca conveniente. Conveniente a él, o a Puigdemont, que es el jefe. Fundamentalmente, cuándo va a convocar estos comicios. Cosa que dependerá,- insisto-, de lo que crea más oportuno el Bonaparte de Waterloo. 

Convocar elecciones, corresponde al Presidente de la Generalitat. Pero los de Ciudadanos y los Populares ya han afirmado que Torra está usurpando unas funciones que no le corresponden. Porque él ya no es el presidente. Y tiene que irse. Y le han amenazado con una querella. Los argumentos son perfectamente comprensibles. En el Parlamento catalán, sus miembros son los diputados que fueron elegidos  en las pasadas elecciones. O sea, los que lo fueron desde un primer momento y los que lo siguen siendo ahora. Dicho de otra manera, si en el Parlamento un diputado por la razón que fuere, dejara de serlo, tendría que abandonar su escaño. Porque resulta incompatible el sentarse en el hemiciclo y ejercer como diputado, sin serlo. O también sin serlo, quedarse como figurón en las sesiones, sin naturalmente, poder votar.

Pero la lectura de los separatistas y de Sánchez es otra. Torra no es diputado, pero continúa siendo presidente, porque el Parlamento no le ha cesado. O sea que sí puede continuar sentándose en primera fila como tal, pero no podrá votar.  Se crea por ello la ficción,- porque no es otra cosa- que en el caso del Presidente, una vez nombrado, puede dejar de ser diputado. Para ser elegido ha de ostentar esta condición, pero luego no hace falta. Puede seguir de Presidente.

El Gobierno «ha comprado» esta interpretación de la normativa y ha seguido manteniendo la fecha del próximo encuentro entre Torra y Sánchez.

La situación es de una fluidez absoluta y total. Sánchez necesita mantener una mínima estabilidad. Necesita a los republicanos. Pero Puigdemont desde Bruselas no quiere la paz.

Y en esto estamos.

Ha salido hoy por televisión, la ministra de Trabajo, -que es abogada laboralista, viene de Galicia y también podemita,- para defender la subida del salario mínimo a 950 Euros. Y lo defendía con estadísticas en la mano, ante las protestas de los agricultores de Extremadura, que piensan que el salario mínimo va a terminar por arruinarles. Hoy habían convocado una manifestación aprovechando la presencia del ministro de Agricultura en el territorio.

Los agricultores,- y los extremeños son un ejemplo de lo que sucede en otras regiones-, se quejan de que los bajos precios de los productos agrícolas les condenan a trabajar perdiendo dinero. Y si además han de pagar a los jornaleros que puedan emplear un salario mínimo como el que el gobierno acaba de aprobar, ello va a seguir empeorando su situación. Porque además, y esto el Gobierno no lo dice nunca,- o se le olvida siempre-, al salario mínimo, que es neto, se acompañan las cargas sociales que suponen prácticamente un 30% adicional a la cifra dada por el Ejecutivo.

No se trata de que se discuta la necesidad del salario mínimo y de su cuantía. Naturalmente, todo el mundo está de acuerdo en que todo ciudadano tiene derecho a vivir dignamente. Y cuanto más dignamente, mejor,. Al fin y al cabo ésta es la conquista,- o debe ser-, de la sociedad del bienestar. Lo determinante, pero, es si las actividades económicas que se efectúan en los distintos sectores, permiten dada la competencia existente, pagar aquel mínimo. Estamos hoy en una economía globalizada. Para bien y para mal. Y esto significa que quien produce a costes más bajos, tiene ventajas a la hora de colocar su  mercancía en los mercados internacionales. Y si no que se lo digan a China, que nos ha inundado con productos de todos o casi todos los sectores.

No creo que la fijación del salario mínimo sea determinante para mejorar la vida de la población. ¿Que puede hacer el olivarero, si el precio del aceite en origen está por los suelos? O el industrial que sí o sí tendrá que cerrar sus factorías, porque no podrá resistir la competencia del sudeste asiático?. Estoy bastante convencido que se paga el sueldo que el nivel de desarrollo, competitividad y avance tecnológico de las empresas, permite. Y que con una economía fuerte y pujante, los sueldos suben inexorablemente. También los más bajos. Pero con un clima económico renqueante, con poca afición o ilusión por crear una empresa, inexorablemente la demanda de trabajo va a sufrir las consecuencias.

La economía vive de la realidad, no del Boletín Oficial del Estado. Y en esto que esto explicando, el Gobierno ha querido cambiar la dinámica de las relaciones laborales a golpe de decreto.

Y así no vale.

Con toda seguridad si la Unión Europea hubiera limitado sus objetivos a un librecambio de mercancías, a una unión aduanera, los ingleses no se habrían ido. Pero cuando se ha avanzado en la integración, la incomodidad ha desembocado en la decisión de abandonar el barco. 

Veremos qué es lo que se negocia en el período de transición, que empieza el próximo uno de febrero y termina a final de año, a menos que se produzca alguna prórroga. A mi juicio los propósitos de Gran Bretaña están meridianamente claros. El primer lugar, llegar a un entendimiento con la representación comunitaria, para que siga existiendo una libertad en el intercambio de mercancías, sin pago por supuesto, de aranceles. Algo así como sucedía con los países de la EFTA. Un gran tratado aduanero.

En segundo lugar,- y ya una vez liberadas las ataduras que le sujetaban a Bruselas,- la City será la gran protagonista de la nueva etapa que se abre. Para los comunitarios será también un punto de referencia, con la posibilidad de generar transacciones y operaciones de una manera más agil y flexible que la existente en las instituciones de la UE, lideradas por el Banco Central europeo y la  Autoridad bancaria EBA. A la media o a la larga, y aunque se quiera ocultar, un paraíso fiscal, «sui generis», apto para empresarios y financieros que busquen alternativas a la Europa continental. 

En tercer y cuarto lugar, el nuevo espacio de libertad que va a gozar el Reino Unido, le va a facilitar el potenciar sus relaciones con el «Imperio», los países de la Commonwealth, vinculados por razones históricas con la metrópoli y naturalmente también con los Estados Unidos. Ya hace algún tiempo, Trump se ofreció a negociar un gran acuerdo comercial, aunque ya veremos si finalmente se llega a materializar. No obstante los ingleses siempre han hablado de la «especial» relación que les une con los USA, y seguramente intentarán aprovechar el Brexit para acercarse más a sus amigos del otro lado del Atlántico.

¿Éxito o fracaso?. Pronto, muy pronto para establecer pronóstico. Tendremos que dejar pasar dos o tres años. Pero sí he de dejar constancia de esta reflexión. Si los británicos superan con éxito la prueba, si el país se sumerge en una etapa de bonanza económica, de manera que los índices que se registren estén por encima de los que se obtengan en los diversos países de la UE, el éxito del Brexit será el fracaso de la Unión europea. Muchos Estados comunitarios empezarán a preguntarse si no se ha ido demasiado lejos con la integración. En qué medida la maquinaria de Bruselas, no constituye una losa que condiciona e inmoviliza los movimientos, e impide -con tanta reglamentación- que cada país miembro pueda optimizar sus objetivos de crecimiento. La experiencia británica será un «test» para Europa. Sin ninguna duda.

Al tiempo.

Es lo que debe estar pensando Torra. Ya ha dicho por activa y pasiva que él sigue siendo presidente y que solamente el Parlament puede cesarle. Y el Parlament hace ya días que le ratificó como tal.

Pero sin embargo la cuestión sigue sin resolverse. Porque el Supremo le ha ordenado que se vaya. Y le ha dado un plazo corto para ello. El Tribunal ha ratificado el acuerdo de la Junta Electoral Central que decidió retirarle el Acta de Diputado. La ley es clara y señala que en delitos que afectan a la Administración, no es necesario que la sentencia sea firme, para que la ejecución se pueda producir.

A Torra no le interesa irse. Y tampoco le interesan unas nuevas elecciones. Quiere quedarse como está. Esto es lo que le pide Puigdemont. O sea seguir desafiando al Estado. Porque esta es una condición, aunque no suficiente, para seguir vivo.

En cambio, Esquerra no participa de este discurso. Está en el deshielo y le interesa seguir en el diálogo con los socialistas, aunque  este diálogo solamente suponga ganar tiempo y mantener con ello una enorme cuota de poder.

Veremos que resuelve la «Mesa» del Parlament y si retira el Acta del President. Quizá adopte una decisión un tanto arriesgada, pero posible. Retirar el Acta, pero que siga de Presidente. Ciertamente es incompatible este cargo sin contar con la condición de diputado. Pero hemos evidenciado ya tantas veces aventuras jurídicas en estos últimos tiempos, que no sería extraño, encontrarnos con una decisión semejante de la Mesa. Torra, presidente y que Sánchez vaya a visitarle próximamente. Porque como él mismo dijo literalmente, «Torra, me exigió primero ir a verle».

Con tanta «exigencia», ¿Quien manda aquí?.