Realidades

¿Y qué haremos con la industria del automóvil?. No está nada claro. Un futuro muy complicado. El coche eléctrico irá ganando espacios en perjuicio de la gasolina y el diésel. Miles de puestos de trabajo están en juego. Cientos de empresas, auxiliares de este sector, en la cuerda floja.

El vehículo eléctrico sólo tiene una batería y los componentes que comprende, son escasos. El motor tradicional desaparece y con él las piezas y componentes que han dado vida a toda la industria. Me pregunto si los principales protagonistas que lideran las grandes empresas europeas,- Volkswagen, Daimler, Peugeot,- se han planteado ya la estrategia a seguir ante los cambios que se originan y la ruptura que todo ello significa con las estructuras existentes hasta la fecha. Se tiene la impresión que los europeos han perdido el tren. O quizá, sino lo han perdido ya, que las posibilidades de situarse en igualdad de condiciones con quienes hace años iniciaron la apuesta por el coche eléctrico, van a ser escasas.

Y cuando hablo de ejemplo a seguir en este ámbito, se ha de mencionar a Elon Musk y Tesla. Hace ya catorce años que Tesla lanzó el primer vehículo eléctrico. Para asombro de las grandes corporaciones, -General Motors o Ford-, Musk ha sido capaz de resistir las presiones de sus contrincantes que le juzgaban  un advenedizo, desarrollando una concepción del negocio que le ha deparado bastantes éxitos. 

Estamos por tanto ante un reto que cabrá ir digiriendo. De la producción de millones de automóviles de motor, a sustituirla por la de millones también, de vehículos eléctricos. Una población laboral con un grado de especialización que va a convertirse en inservible. El incremento de las cifras de paro, si no se encuentran soluciones alternativas a esta inevitable destrucción de puestos de trabajo.

Estos días se está viviendo en Catalunya un ejemplo de esta crisis sectorial. Continental, la filial de una empresa alemana, que suministra piezas a factorías como Seat u Opel, ha decidido cerrar sus puertas y dejar a cientos de empleados en la calle. Ni los costes son los que pueden permitirle seguir con un mínimo de rentabilidad, ni el futuro de la industria auxiliar de la automoción, da la posibilidad de elaborar planes y estrategias a medio y largo plazo.

Ésta es una más de las asignaturas pendientes,en el contexto de la economía europea, que habrá de afrontarse de manera decidida. La Unión europea se juega la posición de liderazgo mantenida por las grandes marcas, a lo largo de varias décadas.

Una liderazgo, que como señalaba antes, hoy se está perdiendo.

¿Que alternativa tenía el Mayor Trapero?. Pues dimitir. Imposible servir a dos objetivos contrapuestos. No sé si pensó que podía conseguirlo. Seguramente llegó a la conclusión que podía satisfacer a unos y a otros. A Puigdemont manifestándole su lealtad como presidente de la Generalitat y al Gobierno haciéndole creer que cumpliría con las órdenes que recibiera, para evitar o frustrar la consulta.

Pero seguro que Puigdemont creyó mucho más en la fidelidad de Trapero que lo hizo el ejecutivo de Madrid. Si el separatismo hubiera llegado a la conclusión que los Mossos no iban a estar por la labor de facilitar el “referendum”, o bien hubieran sustituido al Mayor o habrían trazado algún otro tipo de estrategia. Quiérase o no, las complicidades eran evidentes. Además, ¿ Quién se opone a una acción de semejante envergadura, inspirada y preparada por los jefes políticos del cuerpo?. Hacerlo, iba a ser interpretado como una traición. Sin duda.

Trapero ha dicho en el Juzgado que tenían preparada una orden de detención al presidente de la Generalitat y a sus principales consellers. Y que en todo momento se cumplió con la legalidad y las órdenes recibidas de quienes coordinaban el operativo . ¿Pero entonces si fue así, a quién cabe responsabilizar de la ineficacia y del fracaso de la actuación policial?. Es indudable que si los Mossos se hubieran desplegado con prontitud a fin de evitar las concentraciones en los llamados colegios electorales y hubieran acompañado esta acción con un actitud firme de oposición y negativa a la consulta, las consecuencias habrían sido muy distintas. Ni el referendum se habría celebrado con los resultados que conocemos, ni Trapero se sentaría hoy en el banquillo de los procesados.

Pero el Mayor apostó por el posibilismo. Que se celebrara el referendum y que a su vez nadie pudiera reprocharle de haber cumplido con sus obligaciones y responsabilidades. Pero no fue posible y  en el Juzgado sí le están exigiendo estos días  responsabilidades. La Fiscalía le acusa de rebelión, aunque ya ha dicho que sustituirá la calificación del delito por la de sedición. Que la obediencia debida, tiene unos límites. Y que si la autoridad, los políticos violan las leyes, la obediencia pierde todo su sentido. Esto es, frente al delito, hay que desobedecer.

¿Esperaba quizá el Gobierno de Rajoy  una actitud heroica del Mayor?. Algo así como, “President, lo que vas a hacer es ilegal, contrario a la Constitución y nosotros los Mossos vamos a impedirlo.” No, en absoluto.  No creo que en Madrid aguardaran a una posición semejante. Imagino que les asaltaría la mayor de las dudas acerca del comportamiento de los Mossos. La situación era muy delicada y tampoco deseaban que las fuerzas armadas, tuvieran un protagonismo. Pero finalmente, e imagino muy a su pesar, lo tuvieron. Este es el principal reproche que se hace a Trapero. La pasividad de los Mossos, propició las escenas de violencia utilizadas por el independentismo, como potente altavoz, para propagar su mensaje.

Trapero, ¿inocente o culpable?. Trapero no fue el motor del movimiento que condujo al referendum y más tarde a la declaración de independencia. Pero sin Trapero, todo ello no habría sido posible. ¿Trapero, un simple instrumento al servicio de unos designios, desprovisto de cualquier intencionalidad o voluntad dolosa?. ¿El mero ejecutor de una estrategia?. 

No creo que los jueces lo vean así.

Pero nunca se sabe.

El artículo 27 de la Constitución es el que se refiere al derecho a la educación. Y ahora mismo este es el tema de debate de ayer y hoy. Los de Vox y los populares hablan de adoctrinamiento. Que el PSOE quiere llevar el adoctrinamiento a las aulas. Con el subterfugio de que los escolares aprendan a ser buenos ciudadanos, les van a  transmitir una serie de principios que tienen más que  ver con la ideología que con el comportamiento que se espera de ellos, como miembros de una sociedad civilizada. 

La ministra Celaa se envuelve en el manto de las reglamentaciones y de los programas “curriculares”. De lo que es obligatorio y de lo que es accesorio. El Estado, dice, no puede renunciar a sus responsabilidades en la educación de los jóvenes. Claro, ¿de quien son los niños, los adolescentes?. ¿De los padres o del Estado?. ¿Quien tiene más derechos sobre ellos? ¿A quien corresponde el decidir la educación que van a recibir?. Buenas preguntas todas ellas, que no tienen una respuesta simple, contundente.

El artículo 27 dice lo siguiente: “Todos tienen derecho a la educación. 1. Se reconoce la libertad de enseñanza. 2.La educación tendrá  por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales.3. Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.”

Como veis, caben aquí lecturas e interpretaciones diversas, en función de los intereses en juego.  Ahora, parece claro que la Administración ha de garantizar el derecho de los padres, en relación con la formación,  ”moral” de sus hijos.

¿Inciden las clases o enseñanzas que afectan entre otras, a cuestiones de género, sexualidad, feminismo, en lo que la Constitución puede comprender como “formación moral”?. ¿Han de tener ahí los padres la última palabra?.

La línea que separa la educación del adoctrinamiento, es tenue, sutil. Casi invisible. Se va modulando a lo largo del tiempo. Nunca o casi nunca se acostumbra a confesar por parte de quienes lo impulsan. Pero educación y adoctrinamiento finalmente se confunden. Son una misma cosa. Y cuando esto sucede, ya es tarde para retroceder. Porque se ha impregnado en el comportamiento y actuaciones de una generación.

Parece un asunto menor. Pero no lo es.

Porque el combate ideológico sigue ahí. Y no sé si la Constitución podrá frenarlo.

Se la podía haber ahorrado. No hacía falta. Ayer en una entrevista en El País, Oriol Junqueras dijo lo siguiente: “Pregunta. No engañaron ustedes a los catalanes prometiendo una independencia imposible?. Respuesta. Y una mierda. Y una puta mierda. Dijimos la verdad: que el procés tenía que acabar en la independencia . Eso se impidió con palizas, cárcel, destituyendo gobiernos y cerrando parlamentos.”

Así terminaba la entrevista realizada en la cárcel de Lledoners y en la que se habla de la actitud de Esquerra, favoreciendo la investidura de Sánchez y de su posición ante la próxima negociación de los Presupuestos. Puedo entender los sentimientos que animan a Junqueras, después del tiempo que está pasando en reclusión. Yo lo viví hace muchos años, aún en la época de la dictadura, aunque el período de privación de libertad fue breve. Pero seguramente al sentenciar acerca de la existencia de engaño o no, Junqueras hubiera tenido que aplicar una mayor contención en la afirmación que hace. Una mayor contención en  el lenguaje utilizado. Los lectores se lo habríamos agradecido.

Porque si hablamos de “engaño”, que es lo que preguntan los periodistas, “prometiendo una independencia imposible”, es evidente que la independencia no se produjo. No hubo, ni hay una Catalunya independiente. Y no creo que la vaya a haber. Junqueras contesta “dijimos la verdad, que el proces tenía que acabar con la independencia.” Sí, pero es que no acabó con ella. Se produjo sí, una declaración. Pero nada más. Todo siguió como antes. ¿Se sintieron los catalanes engañados?. No. Porque las mayoría de los catalanes,- incluso independentistas-, no se lo creyeron nunca. Ciertamente se abusó de la credulidad, de la buena fe, de los sentimientos de muchos ciudadanos. Una falta tremenda de realismo. Una irresponsabilidad ante el mismo pueblo de Catalunya y ante la historia. Una irresponsabilidad cuyas consecuencias seguimos arrastrando.

Junqueras en otro pasaje de la entrevista señala que “la lección de 2017 es que lo hicimos para poder volver a hacerlo.”  ¿Cuando?. Por el momento se ha pactado con PSOE una mesa de diálogo. Y también se ha hablado de la renuncia a la declaración unilateral de independencia. Por lo menos para la presente legislatura.

¿Todo sigue igual?. Es lo que parece.

Si tuviera yo la capacidad de legislar en este país, cosa que no voy a tener nunca, iba a prohibir el que jueces y fiscales, se dedicaran a la política poco después de haber ejercido su cargo. O bien, que si solicitaran la excedencia, no pudieran acceder a la política, sino al cabo de un período, de por ejemplo cinco años. Dolores Delgado no habría podido  ser designada como Fiscal General en estas circunstancias. Y creo que habría sido bueno. También para el partido socialista. También para el mismo gobierno. Porque resulta difícil digerir y aceptar que una persona que acaba de ser ministra,- además, de justicia-, y diputada de un partido, se pueda convertir en jefa de una institución del Estado, de hoy a mañana, sin tránsito ni tregua alguna. ¿Es esto también una “puerta giratoria”, expresión tan manoseada por los de Podemos para sacrificar al partido popular?.Pues, puede serlo, porque sin antes haber sido nombrada ministra, difícilmente hubiera accedido Delgado a la función que ahora va a ocupar.

Resulta entonces, que la nueva Fiscal General va a calificar asuntos de corrupción que entrañan tanto a los que han sido sus oponentes políticos,- los populares-, como a sus compañeros de partido, los que están residenciados en Andalucía. Y como que las actuaciones de la Fiscalía, tienen un claro carácter jerárquico, las decisiones acerca de su papel en las distintos procedimientos en los que sea parte, van a ser enjuiciados más desde una perspectiva política que técnica o de justicia estricta. Y esto no es bueno, como he dicho ni para la misma política, ni para la propia institución.

Ya sé que es utópico pensar que los profesionales de la justicia y la fiscalía, puedan actuar desprovistos de un ropaje ideológico. Pero quiérase o no, cuando en los medios informativos oímos que tal o cual juez o magistrado pertenece a una asociación conservadora o progresista, uno no deja de considerar en qué medida la administración de justicia estará en su momento más menos contaminada, por el hecho que determinado procedimiento lo haya sustanciado un juez de uno u otro color.  Y si a ello añadimos que el Consejo General del Poder judicial ha sido designado por representaciones de los partidos, la duda se proyecta a si los nombramientos de magistrados en las distintas instancias, se ven igualmente afectados por aquel sistema.

Está claro que alguna o algunas de las tres patas del Estado democrático, pugnan por alcanzar una supremacía sobre las demás. Y el Poder Judicial es un objetivo que despierta muchos apetitos.

El nombramiento de Delgado, es una evidencia.