No sé porque extraña circunstancia, viendo las manifestaciones del otro día de los agricultores extremeños y andaluces, me han venido a la memoria las tremendas imágenes del exterminio de los kulaks al final de los años treinta, en plena época del «terror» de Stalin. Luego que Lenin llegara a la conclusión que la dictadura del proletariado tenía que esperar, que sus resultados no podían materializarse en los primeros años de la revolución y permitiera una cierta libertad de comercio, a su muerte, Stalin volvió a la línea dura del bolchevismo. El hambre se apoderó de millones de ciudadanos rusos y el gobierno la emprendió contra los pequeños agricultores,- los kulak- forzando la colectivización de las tierras. El desastre fue inmenso y millones murieron de inanición. Hasta Churchill en Yalta, al final de la guerra, le reprochó a Stalin el que hubiera aniquilado a toda esta población, un verdadero genocidio. Stalin justificó las drásticas medidas, alegando la absoluta necesidad de reformar el sistema de abastecimiento, heredado en parte de la Rusia de los zares.
Los «kulak» extremeños y andaluces se quejan amargamente que los costes de producción son tan altos que pierden dinero en las cosechas. La competencia de otros países como Marruecos, invade el mercado con precios de derribo. A ello han de añadirse las crecientes dificultades en la exportación de los productos del campo, como el olivo, cuando Gran Bretaña y los Estados Unidos van a endurecer su entrada en fechas no muy lejanas. Tampoco la Unión Europea facilita las cosas y exige certificaciones y formalidades, que hacen más onerosa la carga que han de soportar los agricultores.
Y ahora a todo ello se añade, el incremento del salario mínimo decretado por el Gobierno, -un primer regalo-, tras haber tomado posesión. Ya hablé de ello hace pocos días. No se trata,- y más en el ámbito agrícola-, de que se quiera o no aceptar el incremento. Lo determinante es que la estructura de costes lo permita, sin que el agricultor pierda dinero en su explotación. Porque si estas pérdidas se repiten, finalmente abandonará el campo. Ya se han oído voces de alarma estos días de los propios afectados. No se puede empujar, ni obligar a pagar unos costes de personal mínimos, cuando el precio que se percibe por el producto, no llega a cubrir los gastos que se generan. Porque el resultado es mucho peor. Desaparece el jornalero y desaparece el agricultor que le ha contratado.
Y la guinda del pastel la ha puesto el secretario de la UGT, clamando que quienes se quejan son patronos, empresarios, terratenientes. O sea, explotadores. Imagino que debe estarse arrepintiendo de sus palabras, porque no ha hecho ningún bien al sindicato. Existen miles de pequeñas explotaciones agrícolas y de terratenientes hay, pero no tantos. Además están en Madrid, no en las manifestaciones.
Vamos a ver como el Gobierno manejará esta crisis, que no se resuelve con buenos propósitos. El problema es muy serio y hasta ahora el ejecutivo ha dado muestras de una extraordinaria falta de realismo.
Estaremos expectantes.