Realidades

Como si se lo sacara de una chistera virtual, el presidente Sanchez el otro día anunció que el Estado daría once mil millones más, para paliar los efectos del Covid19 a las empresas. Fue, según algunos, una sorpresa porque no se esperaba este anuncio. Y por lo que parece tampoco lo esperaba la ministra de economía, Calviño ya que por lo que leo, no supo contestar a las preguntas de los periodistas acerca de dónde vendría y como se repartiría este dinero.

Como digo, la sorpresa lo fue solamente para algunos. Porque para muchos, quizá para la mayoría, estas declaraciones de Pedro Sánchez no la producen. Si recordais, -pronto se cumplirá un año de ello,- en una solemne alocución nos habló que el Gobierno iba a lanzar un ambicioso programa de ayuda financiera,- del orden de doscientos mil millones de euros,- para que la economía española pudiera sortear los enormes problemas que iba a generar el virus. De esta suma, explicó, unos ciento veinte mil millones, procederían de las arcas públicas, y el resto,- ochenta mil millones- de recursos privados.

La verdad es que cuentas más o menos claras sobre la materialización y destino de esta cifra no se produjeron posteriormente. Y hemos estado durante todos estos meses, -llegando ya al nuevo año,- expresando la imperiosa necesidad de que se hablara de transferencias puras y simples a empresas y autónomos, y no de préstamos. Precisamente,- y ya hablé de ello-, España es uno de los países que por este concepto se ha endeudado menos con el BCE.

Por tanto, la verdad es que no sabemos que es lo que va a suceder con estos once mil millones que ahora se han prometido. Cantidad que si se compara con la tragedia de algunos sectores económicos, constituye una minucia. El presidente de la patronal hotelera de turismo Exceltur calculaba que las pérdidas del sector en 2020 superaban los cien mil millones de euros. Ante la magnitud de esta cifra sobran ya los comentarios.

Los once mil millones además, llegan tarde. Muy tarde. Retraso de meses. El Gobierno no se da cuenta que el «timing» en el mundo de la empresa es determinante. Si los fondos no llegan a su tiempo, la empresa desaparece. Y en cambio, curiosamente, los plazos en la Administración son siempre cortos e inaplazables.

También leo que «Meliá pierde casi seiscientos millones y se plantea la venta de activos»

Uno más.

Hemos decidido fiarlo todo a las nuevas tecnologías. Para comunicarnos. Para buscar información. Para hablar. Y la verdad es que cuando éstas funcionan, es sensacional. Pero si dejan de funcionar, si se «cuelgan» puede llegar a ser exasperante. Pérdida de tiempo, de esfuerzos, de paciencia, de dinero.

No es que esto suceda con mucha frecuencia. De vez en cuando. A lo mejor, en el momento menos oportuno. Cuando su utilización es más necesaria e imprescindible. Por lo menos esto es lo que me ha ocurrido a mí. Y no creo que sea en estas notorias vivencias, una excepción.

Y lo tremendo de ello, es que lanzados en brazos de Internet, nos hemos quedado sin alternativa. Sin paracaídas. Un ejemplo. Hoy he tratado en vano de sacar algún dinero de un par de cajeros. Imposible. O se habría producido un problema de tensión o el servidor no respondía. El resultado es que me he quedado sin efectivo. Y en el establecimiento próximo también el pago con las consabidas tarjetas de crédito no funcionaba.

Lo de la banca es paradigmático de la nueva situación. Las oficinas bancarias, tan tradicionales en el ambiente ciudadano, han desaparecido. Parece que ahora todo se pueda hacer en la distancia. Utilizando por ejemplo el cajero. Siempre naturalmente que funcione.

¿Se halla el cliente en un claro desamparo? Sí. El cliente bancario se encuentra ahora perdido en un mar de protocolos, de programas, de actualizaciones que intentan,- esto dicen- hacerlo todo más fácil. Aunque en pocas ocasiones lo consigan. Antes, el director de la sucursal trataba de justificar el porque el banco te había denegado el crédito. La relación personal se agradecía. El director en la actualidad se ha sustituido por un «gestor personalizado» que actúa sometido a la férrea disciplina de su protocolo. Todo muy frío y distante. Claro que la operativa bancaria tiene un mucho de frialdad. Pero ahora la temperatura ha descendido de forma alarmante.

A la vista de lo que estoy contando, el mensaje tiene un cierto carácter contradictorio. Sí a las nuevas tecnologías. No me atrevería a afirmar que en este ámbito «cualquier tiempo pasado fue mejor». Pero si que a veces me asalta una cierta nostalgia. Y también una sensación de cierta inseguridad.

Espero que no vaya a más.

Han dado la noticia que la empresa Abengoa finalmente ha presentado concurso de acreedores con un pasivo superior a los seis mil millones de euros. Estadísticamente parece que es la segunda mayor insolvencia presentada en muchos años, recordando las producidas en la crisis inmobiliaria delos primeros años de la década pasada.

También si analizáramos las estadísticas de las empresas que se han salvado después de presentar un concurso, observaríamos que el número de las que salieron a flote, es enormemente exiguo. Por mucho que se diga que el concurso de acreedores,- la suspensión de pagos o la quiebra de antes-, tiene como objetivo buscar una salida a situaciones que amenazan la supervivencia de la empresa, el recurso al Juzgado en pocas ocasiones ha significado la solución al agudo problema que se planteaba. Para Abengoa el concurso supone el que la Banca cierre por una temporada larga sus fuentes de financiación a corto plazo y que los clientes intenten retrasar los pagos. O simplemente no pagar. Con la esperanza de que la empresa finalmente cierre puertas.

Y en cuanto a los acreedores, veremos en cuánto quedan estos seis mil millones. Casi con toda seguridad se harán propuestas de «quitas» de setenta u ochenta por ciento. Si finalmente la cantidad que se acuerde por parte de la junta de acreedores llega a los mil quinientos, podrían considerarse satisfechos. Y naturalmente entre los acreedores existirán las consabidas preferencias, que la ley se ha ocupado de especificar. Los sindicatos que representen a los trabajadores que se vayan a la calle, negociarán con toda seguridad con base a unos despidos improcedentes y con la indemnización máxima que resulte. Y los bancos que tengan préstamos hipotecarios u otras garantías más líquidas también gozarán de claras preferencias. Y al final quedaran los proveedores de material, suministros o servicios, que tendrán que conformarse con un 10% de lo que les deben.

Naturalmente todo lo que estoy diciendo son puras estimaciones. Basadas pero, en la experiencia de muchos años siguiendo estas desventuras en las que empresas, por razón de la coyuntura u otras circunstancias, se ven abocadas al Concurso.

Lo que ahora deberíamos desear es que Abengoa, no haya abierto la puerta a los concursos e insolvencias que por causa de la Pandemia, tanto tememos.

Este es también mi ferviente deseo.

Los empresarios han alzado la voz por los lamentables sucesos acaecidos estos últimos días en Barcelona. Incendios, saqueos, desorden. Han dicho basta desde la patronal y han acusado al gobierno catalán de pasividad, de flaqueza y también al ayuntamiento aunque aquí hayan  centrado sus críticas en la alcaldesa, haciendo una excepción con el representante del PSC.

Pero no creo que les hagan mucho caso. En la Generalitat pocos, muy pocos creen en la empresa, creen en el empresario.Muchos de los que mandan piensan que la empresa es un apéndice en la sociedad, un instrumento al cual es lícito despreciar y marginar.

Ademas el espectro político en Catalunya después de las elecciones refleja que la empresa no tiene valedores en ningún partido.No hay ninguna fuerza política que puede identificarse con los postulados propios del sector privado. Es cierto que de vez en cuando se habla de la defensa de la pequeña y mediana empresa, porque la grande es definitivamente un demonio al que combatir y desterrar. Pero estas afirmaciones de apoyo a autónomos y empresas no son más que afirmaciones hechas cara a la galería, desprovistas del ingrediente ideológico tan necesario para darles fuerza y empuje.

En realidad hoy como ayer sigue estando mal visto en España el defender al empresario. Por mucho que el empresario sea el que crea empleo. Pero no se ve así para una gran parte de la sociedad. Porque esta sociedad está dominada por la izquierda. Por ideologías ya trasnochadas, que la historia enterró pero qué parece resultan más sugestivas, más atrayentes para una parte importante del electorado.

El empresario no lo va a tener fácil si no dispone de resortes importantes que le apoyen políticamente. El sostén, el soporte de la burguesía que antes constituía la base en la que se fundamentaba este apoyo ha desaparecido.Y sin este sostén sociológico, la defensa se hace mucho más compleja.

La borrasca continúa. Y no parece que vaya a amainar.

Ahora que todo el mundo habla de sostenibilidad, de que todo lo que nos rodea ha de ser «sostenible», he amañado también una definición de burocracia y le he añadido el adjetivo siempre grato de «sostenible». O sea, que no vale la burocracia, que no sea sostenible. Y creo que la mayor parte estaremos de acuerdo en que la burocracia que nos invade a derecha e izquierda, tratando de asfixiar nuestra capacidad de sobreponerse a las dificultades, no es «sostenible».

El gobierno que está estas semanas enfrascado con las propuestas y proyectos que ha de mandar a Bruselas, contando con la llegada de los miles de millones de euros prometidos, como agua de lluvia que cae en el desierto, está diseñando también un plan de burocracia «sostenible», que se ha de contener en una «ley del crecimiento empresarial». Con esta iniciativa el gobierno quiere convencer a los ejecutivos de la Unión Europea, que se está tomando muy en serio el objetivo de dinamizar la economía y que esta dinamización empieza por la reducción del papeleo, solicitudes, instancias y además. Así por ejemplo se dice que el documento que se está preparando «aboga por establecer procedimientos que permitan la creación de empresas de forma enteramente digital en un plazo máximo de diez días, apostando por una mayor reducción de las cargas administrativas con sustitución de autorizaciones «ex ante» por «declaraciones responsables» y todo ello para fomentar «la competitividad y la creación de incentivos para que pymes y autónomos apuesten por el crecimiento de su negocio.»

Como grandes objetivos, no está mal. Vamos a ver qué es lo que se lleva a la práctica. Porque hasta el presente se ha ido en la dirección contraria. Se han querido agilizar los trámites y diligencias ante la Administración, pero la realidad ha sido otra. Las Administraciones implicadas en muchos expedientes, -la municipal, autonómica, estatal y comunitaria-, hacen muy complicada la tarea de reducir la resolución de los expedientes, en un tiempo razonable.

En cualquier caso, vamos a ver que va a suceder con esta iniciativa.

Lo seguiremos con atención.