Si comparamos la fractura social que ha supuesto el independentismo en Catalunya y los costes que ello ha entrañado para la economía, las cantidades que ahora se piden por parte del Tribunal de Cuentas a los políticos implicados, son una absoluta minucia.
Solamente considerando que el proceso que se ha vivido, supuso la huida de Catalunya de entidades históricas como la Caixa, además de cientos de empresas, el daño que se produjo fue inmenso. A nivel del PIB catalán podríamos estimar cifras de pérdidas del orden de los 20 o 25.000 millones de euros; esto es del orden del 10 % del total. Y seguro que me quedo corto.
Asumir que las actuaciones de los políticos, que han sido tremendamente perjudiciales para la economía del país, pueden llevarse a cabo sin que se produzca una reparación, supone dar carta de naturaleza y normalidad a que puedan generarse actuaciones semejantes.
Lo que sucedió en estos últimos años en Catalunya tiene unos responsables que algún día deberán rendir cuentas. Ya sé que me dirán que todo lo que hicieron fue por el bien de todos nosotros. Pero no es menos cierto que muchos políticos a lo largo de la historia fueron responsables de enormes tragedias, cuyo origen era, por supuesto, siempre el bien del pueblo.
Alguno o alguna de los participantes en los hechos de octubre del 2017 ya manifestó que la declaración de independencia tuvo un punto de “farol” y otros que se equivocaron en la estrategia. Pero ya sea por “farol” o error estratégico, resulta desolador, enormemente triste que no se haya pedido perdón a todos quienes hemos sufrido las consecuencias de esas desafortunadas políticas.
Y claro, esto sigue. Peor que con el COVID-19. En plena oscuridad, sin que se vea un atisbo de luz.