General



4.450

Este es el número de empresas que se han ido hasta ahora de Catalunya. Bueno, esta afirmación no es exacta, porque lo que ha cambiado es la sede social. Por el momento a corto y quizá a medio plazo, las actividades productivas se seguirán manteniendo aquí.

En los ambientes independentistas esto no se comenta y si se menciona, se acostumbra bien a condenar a los responsables de las empresas que adoptaron aquella decisión o en otro caso a establecer una especie de contubernio entre el gobierno de Madrid y los grandes rectores de las empresas catalanas de importancia. Algo así como que Rajoy y sus adláteres hubieran facilitado o sugerido a presidentes y consejeros delegados residenciados en Barcelona, que podía ser más prudente el cambiar el domicilio social y que por ello el ejecutivo ya promulgaría las disposiciones reglamentarias que lo permitieran, sin tener que acudir al engorro de una Junta General. Porque la Junta General era la espada de Damocles que podía condicionar a entidades como la Caixa, a la hora de tomar una decisión semejante. El paso obligado de la aprobación accionarial, se habría convertido en un auténtico “casus belli” que tenía que evitarse a toda costa.

El balance después de estos meses es naturalmente negativo. Se vea como se vea. Desde los ángulos que queramos. Que unas empresas emigren de Catalunya es un desastre. Y una novedad en nuestra historia, si salvamos el paréntesis de la contienda civil.Si Prat de la Riba, Cambó, Pi Margall, levantaran la cabeza, volverían al más allá, absolutamente confundidos y horrorizados. Y si preguntaran si lo actores de tanto desmán, habían venido de algún lugar remoto y les contestáramos  que no, que eran naturales de aquí, su pasmo e incredulidad serían infinitas.

¿Catalanes contra los intereses de su propia tierra?.

La respuesta, es un número. “4.450.”

 

Jueves, 19 de abril de 2018

EL BUENO DE MONTORO

 

Montoro ha dicho que en el Referendum no se gastó dinero de la Generalitat. A menos, ha señalado textualmente, que se hubiera “conchabado” algún funcionario con un proveedor de la Institución. 

Esta afirmación ha llenado de regocijo a los defensores de los independentistas, porque el delito de malversación de fondos públicos, puede quedar, -a la vista de la contundencia del ministro,- bastante desdibujado.

¿Pero hay alguien que piensa que se va a encontrar en la contabilidad asientos,-en el debe o haber-que digan: “compra urnas referendum”?.No. Imposible. En primer lugar, porque el presupuesto aprobado no contiene una partida semejante. Y en segundo lugar porque ningún funcionario o interventor se atrevería a aprobar un gasto no incluído en el presupuesto ordinario o extraordinario y mucho más si ello hiciera referencia a una consulta ilegal. 

Por esta razón es lógico que nada aparezca en los libros de la Generalitat que huela a consulta o referendum. Lo tendrán difícil los fiscales para encontrar las pruebas inculpatorias. Porque, referendum lo hubo. A menos naturalmente que se comprendan como delito la utilización de los locales públicos, la seguridad y limpieza de los mismos.

Con toda seguridad se utilizaron vías indirectas. Con las miles de empresas que trabajan para la Generalitat, pueden haberse producido deslices y fugas. Acuerdos de confidencialidad. Porque el dinero salió de alguna parte.

En cualquier caso la independencia mantiene que la consulta se efectuó,  se ganó y encima no costó un céntimo.

El milagro de los panes y los peces, versión referendum.

 

Jueves, 19 de abril de 2018

LA TRADUCCIÓN ALEMANA

Parece que de las conversaciones mantenidas entre la fiscalía española y alemana, se ha observado que las traducciones de los documentos remitidos a Alemania en el asunto de la euro/ordena, adolecían de algunos defectos. Dicho en otras palabras, que la traducción alemana no reflejaba de manera rigurosa el contenido del texto español.

En realidad, en la vida judicial esto es bastante habitual. Forma parte de una cierta normalidad. Con los riesgos tremendos que ello conlleva. Esto es, que el juez llegue a conclusiones en función de la lectura del texto traducido, que poco tenga que ver con el original.

El traductor, el buen traductor tiene en primer término, que dominar el lenguaje a traducir. Lo cual parece natural o inmediato pero no lo es tanto. En segundo lugar debe comprender lo que traduce. En textos jurídicos es siempre recomendable que quien traduzca sea también jurista y a ser posible especialista en la materia a tratar. Lo que sucede en cambio, es que la inmensa mayoría de traductores jurados, no son letrados o no dominan la materia que han de traducir. En tercer lugar y muy vinculado al segundo concepto, resulta indispensable afinar las denominaciones, el significado exacto de los términos y su aplicación en el idioma a traducir, en este caso el alemán. Si todos estos presupuestos no se cumplen, el riesgo de que el juez llegue a conclusiones erróneas es importante. Porque lo que habrá sucedido es que no se habrá enterado de lo que ocurre en realidad.

Claro, si los fiscales españoles no dominan el idioma alemán, no saben si la versión alemana o la traducción de los documentos que presentan es la que se corresponde con la española. E igualmente sucede con los fiscales alemanes y con el Tribunal que ha de decidir.

Podríais decirme que este es un asunto secundario o marginal. Pero no. He vivido muchos expedientes judiciales en los que se ha rechazado al intérprete designado por el juzgado, simplemente porque en las declaraciones del defendido, el traductor no acertaba a encontrar las palabras o frases adecuadas a lo explicado por el compareciente.

¿Ha sucedido algo semejante con la documentación remitida al Tribunal de Schleswig Holstein? Pues muy bien podría ser así. Es decir, que el traductor llamado a producir la versión alemana de los escritos, no hubiera estado acertado en su redacción. ¿Podéis imaginar que el Tribunal haya negado la extradición por rebelión, precisamente por defectos o errores evidentes en la traducción?

No solamente lo imagino.

Pudo ser posible.

Domingo, 15 de abril de 2018

EL “GARANTISMO”

 

 

Felipe González le ha dicho a Évole,- que él es “garantista”. Que los líderes independentistas pueden haber cometido delitos y que para esto están los Tribunales. Pero que es contrario a las medidas cautelares y piensa que Junqueras, Sánchez y los otros políticos encarcelados, deberían estar libres hasta que se pronuncie la sentencia. Que la Constitución es garantista y que por tanto este “garantismo” pasa por liberar a los que en estos momentos están presos.

Frente a este “garantismo” se hallan las decisiones adoptadas por el Juez Llarena que por supuesto, imagino, cree igualmente en el “garantismo”. La cuestión es muy sencilla. Hasta elemental. El juez Llarena se habrá preguntado qué va a suceder si pone en libertad a los independentistas que hoy no la tienen. Y habrá llegado a la conclusión que esta libertad permitirá a Junqueras o Sánchez ser elegidos presidente de la Generalitat. Y en consecuencia seguir con la misma hoja de ruta de la independencia. Y además, de manera reforzada, al disponer del poder que supone mandar en el gobierno de Catalunya. ¿Reflexión apresurada, ilógica?. Pues ya desde una vertiente estrictamente jurídica, pienso que no. Porque el riesgo, la tentación está ahí. Y las medidas cautelares se dictan precisamente para evitar que vuelvan a producirse situaciones que pongan en riesgo el orden constitucional. Esto es así, con la Constitución que tenemos, con el Codigo Penal vigente y con un principio de prudencia y de seguridad jurídica que anima a quienes deben actuar según lo que establecen las leyes. A los jueces incumbe el aplicar las leyes y a los Parlamentos legislar. Y hasta ahora el Parlamento legisló en su momento una normativa que los jueces simplemente deben aplicar. Ni más ni menos.

No sé si se habría expresado del mismo modo González si le hubiera tocado en estos tiempos presidir el gobierno y se hubiera encontrado con una rebelión  a bordo. Con unos señores que dicen que no quiere saber nada de España y que quiere separarse. Claro que habría sido “garantista”. Pero estoy absolutamente seguro que habría estado de acuerdo con las resoluciones de Llarena. Entre otras razones porque se jugaría el favor de su electorado y la estabilidad futura del país.

Sábado, 14 de abril de 2018

” Y TÚ MÁS”

Esto es lo que se ha visto y oído hoy en la asamblea de la Comunidad de Madrid. Como que Cristina Cifuentes ya ha dicho que no se va, si Mariano Rajoy no se lo dice y Rajoy se fue a Argentina para airearse, los populares han estado buceando por los archivos y bibliotecas en pos de mentiras, medias verdades o inventos que pudieran encontrar en los curriculum de sus señorías. Y a fe que la afanosa búsqueda les ha deparado algún provecho.

Y así han acusado a José Manuel Franco el líder de los socialistas madrileños de haber falseado su currículum, al indicar que tenía una licenciatura en Matemáticas, cuando no la tenía. El bueno de Franco se ha revuelto en su sillón y ha proclamado que éste error, -que no falsedad,- ya desapareció de su lista de méritos en 2003, o sea hace ya quince años. Y además añadió que la “licenciatura lo era en derecho”, aunque es cierto que “dio clases de matemáticas.”

La verdad es que no se si encontraríamos a muchos licenciados en derecho que a su vez dieran clases de matemáticas, porque para la gente de letras lo del álgebra, las derivadas i las integrales se lleva mal, muy mal. Pero por lo que se ve, Franco ha sabido combinar muy bien en su carrera los dos polos del saber. Es merecedor por ello de mi cálida enhorabuena.

También ha habido bronca para Podemos y Errejon con su ya conocida expulsión de la Universidad de Malaga.

Con todas estas “fintas” el partido popular ha intentado esquivar los envites de Ciudadanos y socialistas. Ha sido la táctica del “tú más”. No lo ha conseguido en gran medida, pero la maniobra de la “distracción” le ha granjeado el que la prensa tuviera que fijarse forzosamente en otros objetivos 

Total. Muchos, muchísimos sabíamos que el “curriculum” acumula con frecuencia errores, fantasías y que por tanto su credibilidad es más bien escasa. Y también teníamos bastante claro que el currículum de los políticos nadie se los leía. Porque tampoco se sabía que existía.

Pero a partir de ya, voy a revisar mi currículum. 

No sea que alguien me haya puesto una licenciatura de más. Y dentro de treinta  años se lo echen en cara a algún famoso de mi familia.

Sería imperdonable. 

Jueves, 12 de abril de 2018