Realidades

Se supone que si un Gobierno propone un cambio de medidas que van a afectar a toda la población laboral, tenga que justificar el porqué lo hace. Y más que esto. Tendrá que razonar que cambiando las normas, mejorará la situación de  los trabajadores. De unos y otros. De los que tienen trabajo y de los que están en paro. Porque no arreglará la situación, si solamente se preocupa de los que están empleados y en cambio descuida a los que están buscando trabajo y no lo encuentran.

Por tanto tendrá que tratar de cubrir los dos flancos.Mejorar las condiciones laborales e incrementar el número de empleos. Y en lo que se refiere a este último objetivo, no lo conseguirá sino convence a las empresas a que inviertan más, a que amplíen sus instalaciones o construyan nuevas factorías. Y las empresas solamente van a hacerlo, si existe un clima de estabilidad política, una confianza en el Gobierno y también que las inversiones que puedan llevar a cabo, sean rentables. Porque nadie está dispuesto a asumir un riesgo, a invertir en una actividad, en la que se vaya a perder lo que uno ha puesto.

Todo esto viene a cuento, como puede imaginarse, con la decisión de Sanchez de derogar la reforma laboral del PP, hoy un tanto matizada por la vicepresidenta económica, Nadia Calviño. El ahora presidente nunca explicó con suficiente entidad, las bondades que podían generar dicha derogación. Esto es, que iba a resultar positiva para la creación de empleo.  La del gobierno popular creó algunos millones de puestos de trabajo y el desempleo descendió del 23 o 24% a menos del 15% actual. Se trataría por ello de mejorar esta cifra. Nunca de empeorarla. Porque si se corre este riesgo, mejor no hacer nada. No tocar nada. 

Vamos a ver en qué queda pues todo este asunto. ¿Nos creemos la reforma? ¿Mejor, la “nueva” reforma?. Hoy ya ha dicho Calviño que han de ser los interlocutores sociales, los que también se entiendan. Y Sánchez, anteayer, que en cualquier caso hemos de mirar hacia Bruselas. Que ellos son los que tienen la última palabra, en torno a los equilibrios, mayores o menores de nuestra economía.

A esperar, por tanto.

Sí, tengo que reconocerlo. Que Sánchez en la conferencia de prensa después del Consejo de Ministros de hoy, les dijera a los periodistas que se había llegado a un acuerdo sobre la consulta con Esquerra Republicana, no lo esperaba. Es cierto que había leído el texto de dicho acuerdo, en el que al final se habla de una consulta de forma más o menos velada. Pero hoy el presidente ha acompañado la afirmación, manifestando que las “consultas” están previstas en los Estatutos de Autonomía y que el mismo gobierno se hallaría facultado para convocar una de ellas.

Naturalmente Sánchez no se ha extendido en el objetivo de la consulta. Para los republicanos es evidente. Para Sánchez quiero entender, que no tanto. En cualquier caso el pacto entre los dos partidos, debería llevarse al consejo de Ministros, para determinar si se aprueba o no por parte del Gobierno. Hasta ahora el acuerdo lo ha sido entre dos partidos. Aunque por las palabras de Sánchez puede interpretarse que el ejecutivo hará suyo aquel acuerdo.

Quiérase o no, el salto cualitativo que se esta produciendo,- aunque por el momento con la palabra y sobre el papel-, es importante. Y pueden comprenderse las voces discrepantes de los partidos de la derecha. Porque una consulta,aunque fuera limitada a Catalunya, tendrá unas consecuencias difícilmente asumibles en el marco constitucional. ¿Qué es lo que se quiere?. ¿Que los resultados de dicha consulta- “referendum”, para el separatismo-, tengan su réplica en el Congreso de los Diputados?. Si Sánchez sigue con esta deriva,  la situación puede llegar a ser  incontrolable y aún peor, irreversible.

Solamente si cambiaran las circunstancias en unas elecciones autonómicas en Catalunya y la independencia perdiera la mayoría, podría revertirse esta tendencia.

Pero por ahora esto es imposible.

Los nuevos ministros. Poner de acuerdo a tanta gente va a ser sumamente difícil. Aunque Sánchez ya haya exclamado que el Consejo “tendrá muchas voces pero una sola palabra”. La frase está bien, pero no va mucho más allá. ¿Hacía falta un consejo con veintidós ministros, más el presidente?. No, en absoluto. ¿A qué obedece entonces esta singularidad?. La respuesta es elemental y  ya la apunté días atrás en este Blog. Difuminar la presencia de Podemos en el gabinete. Sanchez ha querido trasladar al Consejo el porcentaje que les correspondía a las dos formaciones en función de sus resultados electorales. Al PSOE le corresponden 18  y 4 a Podemos.

Si el objetivo de un Consejo es el de la eficiencia, el de la diligencia en la toma de decisiones, no va a ser fácil que ello se produzca. Lo más lógico es que se produzcan duplicidades, problemas de ámbito competencial en los distintos departamentos. Con un Consejo más reducido, al igual que sucede en la mayoría de países de nuestro entorno, igualmente podían integrarse la mayoría de nuevos ministerios ahora creados, en direcciones generales o Secretarías de Estado, vinculadas todas ellas a una cartera ministerial más genérica, como ha sucedido hasta el presente. 

¿Es éste un gobierno de izquierdas? No. Dicen que es un gobierno “progresista”. ¿Radical? No, en absoluto, claman. Y la razón es que al lado de Podemos se sientan ministros identificados con la economía de mercado y la ortodoxia de Bruselas. Ejemplo Nadia Calviño. O la ministra de Asuntos Exteriores. Podría decirse que Sánchez ha buscado una suma de equilibrios. Esto recuerda a Franco, cuando en las composiciones de los nuevos ejecutivos, siempre buscaba quedar bien con unos y con otros. Por ejemplo, los azules con el Opus. Aunque en aquella época si los ministros se peleaban, los echaba sin contemplaciones. En cambio ahora, según como se tercie a lo mejor le pueden echar a él. Y no los ministros, sino los votantes.

En cualquier caso, vamos a desear un Consejo de Ministros que funcione. Que el país lo necesita. No llamemos al mal tiempo. 

¿Y que habría sucedido si en un Gobierno de la derecha Casado fuera el vicepresidente y su mujer ministra? Pues todo el mundo lo habría censurado. Nepotismo, se diría. Una muestra de lo que en democracia se tiene que evitar.
¿Y si se hubiera descubierto en el despacho oficial de algún consejero de la derecha de una Autonomía, un reservado con un baño, jacuzzi, vídeo y bar para relajarse, tal como ahora se ha conocido en Andalucía, gobernada durante tantos años por los socialistas? Pues igualmente, días y más días se habría hablado del asunto y de la corrupción de los conservadores.

En cambio nadie ha efectuado comentario alguno al hecho de que Iglesias y su mujer se sienten en consejo de ministros. La prensa ha callado. Naturalmente ello nada tiene que ver con las virtudes que puedan adornar a la Sra Montero. Pero no es naturalmente su marido quien debe valorarlas para decidir su nombramiento como ministra. Tampoco del reservado  se han leído o escuchado demasiados comentarios, aunque constituya todo ello un escándalo.

La Real Academia española define el Nepotismo como “la desmedida preferencia que algunos dan a sus parientes, para las concesiones o empleos públicos.”  Y uno de los ejemplos históricos que se señalan como muestra clara de nepotismo es el de Napoleón, que nombró a su hermano José Bonaparte,- también conocido como Pepe Botella, como rey de España.

 La verdad es que le habría recomendado a Sánchez que persuadiera a Pablo Iglesias de no designar a su mujer como miembro del Gabinete. Tener a un matrimonio en el Consejo de Ministros, también tiene muy poco de estético y en cuanto al propio Iglesias, que en tantas ocasiones ha hablado de transparencia, de puertas giratorias, de enchufismo y de cuestiones por el estilo, no le será fácil el defender o justificar la presencia de su familia en el gobierno de coalición, aunque por el momento se considere como algo absolutamente común y lógico.

Sorprende que los medios informativos resuelvan lanzar las campanas al vuelo por asuntos que en ocasiones tienen poca trascendencia. Y que en otras, por razones que tienen poco que ver con el derecho a la información pública y veraz, silencien u oculten hechos relevantes.  Los intereses de negocio y los componentes ideológicos tienen mucho que ver en todo ello.

Pero es lo que hay.

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“No vale hacer trampas”. Esto es lo que en lenguaje de la calle le ha dicho la Junta Electoral Central a Quim Torra. Y la decisión la ha ratificado el Supremo. “Hacer trampas” significa en unas elecciones, actuar de manera que se perjudique al adversario favoreciendo el éxito de otras causas. En este caso se habían colgado en el balcón del palacio de la Generalitat los conocidos carteles en favor de los presos independentistas. ¿Lesionaba este hecho el principio de neutralidad institucional?. Sin duda. Al margen de cualquier ideología.

Torra ha dicho que no acepta el veredicto de la Junta ni del Supremo y que seguirá como diputado y al frente de la Generalitat de Catalunya. Así de sencillo, así de contundente. Y Torrent, que es Presidente de la Cámara catalana, se ha apresurado a apoyar esta postura, señalando que el Parlament “no prevé la inelegibilidad  sobrevenida.” Esto significa, que una vez se adoptó por el Pleno elegir a Torra, este acuerdo ha de tener vigencia en cualquier caso. Además, ha añadido Torrent, no existe en la legislación catalana precepto alguno acerca de este supuesto.

Realmente resulta sugestiva la interpretación que hacen del derecho y de las leyes los políticos separatistas. En base a los razonamientos antes expresados, cualquiera podría cometer un delito en tiempo de elecciones,- fraude, manipulación o engaño-, obteniendo ventajas que le permitieran  salir elegido frente a otros contrincantes, gozando ya, al margen de la comisión de dichas infracciones, de absoluta inmunidad.  Es decir, el hecho de que hubiera sido ya nombrado diputado o concejal, extinguiría la responsabilidad penal del infractor.  O en otro caso, aún sin extinguirla, le permitiría seguir ocupando el escaño.

Naturalmente, en el orden jurídico esto no tiene ningún sentido. De tenerlo, convertiríamos la contienda electoral en una jungla, en la que los candidatos pueden hacer y decir lo que quieran, al margen de las leyes y los reglamentos. Ni transparencia, ni igualdad de oportunidades, ni neutralidad de los poderes públicos, ni nada. Siempre ganaría el más fuerte. Porque además se aseguraría la impunidad.

En realidad no haría falta tener que realizar unos comentarios que en el ámbito del derecho, son absolutamente elementales. Podrían a lo sumo, constituir material de examen de primero o segundo de carrera. Pero poco más. Aunque desde hace ya bastante tiempo tenemos que ocuparnos de asuntos tan básicos, tan simples, que pugnan con el alcance del propio sentido común.

Dudo mucho que al final los objetivos políticos, llevados a este extremo, puedan beneficiar  a sus impulsores. Les habría aconsejado a Torra y Torrent que hubieran adoptado otra estrategia.

Porque algún día sus electores se lo van a reprochar.